Contraloría revisará contrato de firma Springer con fiduciaria de MinVivienda

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20 noviembre 2015 23:40:51 ELESPECTADOR.COM

La Contraloría General anunció que revisará el contrato suscrito entre la firma Springer Von Schwarzenberg, representada por la analista Natalia Springer, y la Fiduciaria Bogotá S.A vocera del fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita, que le pertenece al Ministerio de Vivienda. Así, empieza una nueva revisión de uno de los múltiples contratos de la firma que han sido pagados con dineros públicos. Hace tres meses, la Procuraduría anunció que iniciaría una investigación preliminar por el contrato 522 del 19 de junio de 2015 entre la firma Springer y la Alcaldía de Valledupar, que se suscribió para “brindar asesoría, acompañamiento y apoyo técnico especializado” en la creación del Laboratorio de Paz del Caribe y la Escuela Vallenata de Paz. El pasado 11 de noviembre, la Fiscalía General anunció que revisaría los contratos efectuados entre el mismo ente investigador y la firma representada por Springer. Y como lo reveló este diario ayer el Ministerio de Vivienda está revisando este mismo contrato que examinará ahora la Contraloría. La Contraloría, por su parte, revisará los términos, el cumplimiento y valor del contrato por $1.339 millones y firmado el 25 de octubre de 2013. “El tema no era si Natalia Springer sabía o no hacer vivienda, sino un acompañamiento social. Era para estudiar cómo se acoplaban las familias a su nuevo entorno, cómo se generaba el hábitat”, le dijo a este diario el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Además, la Contraloría estudiará si la firma Springer contaba con la experiencia necesaria para adelantar la consultoría, que tenía como objetivo hacer un diagnóstico sobre “convivencia y empoderamiento de los beneficiarios de las viviendas (gratuitas), educación, salud, alimentación y control ambiental, el manejo de basuras…”. Artículo completo en Contraloría revisará contrato de firma Springer con fiduciaria de MinVivienda

Vice null Time20 noviembre 2015 23:40:51


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Contraloría revisará otrosí que se hizo a contrato con Acuacar en 2015

1.8968673 16 marzo 2017 13:47:59

Se realizó en el Concejo el debate a la prórroga del contrato entre Aguas de Cartagena y el Distrito, el cual estaba para culminar en 2021, pero por la firma de un otrosí en marzo de 2015, se amplió 13 años más, hasta 2034. La contralora distrital, Nubia Fontalvo, tras escuchar las intervenciones del gerente de Acuacar, John Montoya, y los concejales citantes, anunció que empezará una “auditoría exprés” al caso de la prórroga para determinar si hubo irregularidades o no, en la decisión que le otorgó varios años más de operación a la empresa. Ese era el eje de un debate que incluyó un amplio cuestionario a la empresa, como inversiones realizadas en la ciudad, ampliación de la cobertura, así como las tarifas del servicio de agua y alcantarillado que pagan los cartageneros. El debate fue citado por los concejales Carlos Barrios, de Cambio Radical; y César Pión, de la bancada de La U. La sesión, declarada informal por parte del presidente del Concejo, Lewis Montero, para que intervinieran algunos invitados, tuvo momentos de efervescencia en las barras, ya que voceros de los extrabajadores de las extintas Empresas Públicas Municipales, que fue liquidada para dar paso a Acuacar, gritaban arengas y alzaban pancartas contra el gerente de esta empresa, John Montoya Cañas, citado al debate para responder el cuestionario. Los extrabajadores y exsocios pidieron a través de su representante, Humberto Gutiérrez, revisar la liquidación de las antiguas empresas, porque quedaron fuera de la participación de las acciones y de la empresa. Montero pidió silencio a las barras en más de una oportunidad y amenazó con cancelar el debate si no permitían que hablara el gerente. Varios invitados, como el exconcejal David Múnera, consideró que el “exalcalde Dionisio Vélez se extralimitó en permitir una prórroga del contrato en 2015 de Acuacar, que no ha invertido un solo peso en mejorar su infraestructura, con este negociado podría haber configurado el delito de prevaricato”. Los líderes gremiales, William Murra Babún y Jorge Mendoza Diago, estuvieron de acuerdo con Múnera, pero consideraron que pasar de las Empresas Públicas a Aguas de Cartagena no estuvo mal. “El agua y el alcantarillado mejoró con la llegada de Aguas de Cartagena y no veo ningún inconveniente a la firma de la prórroga”, dijo Murra. “Acuacar es una empresa muy sólida y un activo indispensable para el Distrito desde el punto de vista operativo”, dijo Mendoza Diago. “Otrosí no se debió firmar” Pero el abogado y concejal Carlos Barrios advirtió que “nunca se debió firmar ese otrosí por 13 años, porque el decreto que otorgó facultades al alcalde para firmar el contrato inicial con Acuacar fue pro-tempore (temporal) y debió culminar el 31 de diciembre de 1994”. Barrios citó lo que considera que hay “muchas ambigüedades en el otrosí”. Dice que fue irregular porque acabó con una cláusula del contrato que permitía la figura del arbitramento y, por petición de la administración del alcalde Vélez, “sin ese arbitramento todo se pasó a lo contencioso administrativo”. Barrios adujo que el Distrito ha invertido más que Aguas de Cartagena en 12 años. El concejal dijo que buscará que se reverse ese otrosí a través de una acción popular. “Pensé que el señor Montoya iba a responder el cuestionario que enviamos pero se dedicó a decir las bondades del servicio. Sobre eso no hay dudas, aquí lo que está en discusión es una actuación jurídica donde posiblemente exista prevaricato. Ese contrato se firmó un 10 de noviembre durante las fiestas, en secreto, y desconociendo unas facultades que nos otorga la ley como Concejo”, dijo por su parte el concejal citante César Pión. “El otrosí era necesario”: Montoya Cañas El gerente de Aguas de Cartagena le respondió a la plenaria del Concejo, que la empresa en 22 años le ha cumplido a la ciudad. Destacó las cifras positivas de la cobertura de agua potable que pasó del 72% al 99% hoy; y una red de acueducto que pasó de 700 kilómetros a 1,539 kilómetros de tubería; y que está beneficiando con “agua de calidad a 261 mil usuarios, cuando antes eran solo 89 mil”. Montoya afirmó que entre el Distrito y la empresa se han invertido en todos estos años 600 mil millones de pesos. El funcionario sostuvo que la empresa le lleva agua a 60 mil personas que habitan lugares como las faldas de La Popa, Cerro de Albornoz u otros, a través de carrotanques o en invasiones con una inversión de 4 mil millones de pesos anuales, a los que se les suministra agua potable en albercas. Para Montoya Cañas, el otrosí era necesario para invertir en la ciudad unos 250 mil millones de pesos en obras e infraestructura, como la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable, en un lote que ya adquirió la empresa en Pasacaballos y que producirá 207 mil metros cúbicos de agua por día. El concejal César Pión advirtió además, que el Concejo insistirá para que haya mayores resultados en los órganos de control, e impulsará que la prestación del servicio del acueducto sea a cargo del Distrito. Acuacar Firma de otrosíes a contratos de aseo

Vice Todas las noticias Time16 marzo 2017 13:47:59


Contraloría encontró dos hallazgos fiscales en contrato con firma de Natalia Springer

1.5619742 06 septiembre 2016 00:23:57 Noticias de Bucaramanga, Santander y Colombia - Vanguardia.com

La Contraloría General de la República anunció la culminación de una actuación especial relacionada con contratos de consultoría suscritos con la firma Springer y la fiduciaria del ‘Programa de Vivienda Gratuita’.... Credito: Colprensa

Vice Todas las noticias Time06 septiembre 2016 00:23:57


Contraloría revisará contrato cuestionado por Ministerio de Educación en Córdoba

1.4002647 20 marzo 2016 15:41:08

La polémica que se suscitó luego de la denuncia hecha por la ministra de Educación, Gina Parody, sobre presuntas irregularidades en la contratación de la Gobernación de Córdoba para la prestación de los servicios de educaciún aún no termina. Ahora intervendrá la Contraloría General de la República. Por orden expresa del contralor Edgardo Maya, la gerencia de Córdoba revisará en detalle el contrato 036 de 2015 celebrado entre la administración departamental, que entonces presidía el abogado Alejandro Lyons, y la Corporación Social y Educativa Paz y Futuro, la misma que nuevamente firmó contrato en 2016 y que según la funcionaria nacional, cobró por niños 'fantasmas'. Como se recordará el contrato para la administración, dirección, coordinación y organización del servicio público educativo en los municipios de Valencia, Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Ayapel se hizo por 32 mil 659 millones de pesos y según la Ministra, la Gobernación tomó 17 mil millones de pesos que estaban destinados para el pago de la nómina de maestros con el único fin de beneficiar al contratista y que además facturó por niños que no aparecen en los registos de matrículas. Por su parte, el representante legal del mencionado consorcio, José Antonio Manrique Torres, dijo que el contrato inicial se hizo para atender 20 mil 138 estudiantes, pero que luego de un estudio se encontró que solo eran 17 mil 896 de tal forma que la Gobernación solo les canceló 29 mil 393 millones y no los 32 mil 659 de los cuales habla la ministra. La Contraloría también hará una auditoría al contrato de interventoría firmado con la Unión Temporal Intervenorías Educativas 2015, cuyo representante legal es Manuel Luciano Escudero Romano, por un valor inicial de de mil 457 millones de pesos y al que luego se le hizo una adición de 240 millones 363 mil pesos. La idea de la Contraloría es establecer si se presentó un detrimento fiscal con el fin de tomar las medidas pertinentes, basados en la denuncia de la ministra de Educación, quien insiste en que hay irregularidades y que por lo tanto espera la investigación también por parte de la Fiscalía. Gina Parody Ministerio de Educación Nacional Escandalos por contratos Alejandro Lyons Muskus

Vice Todas las noticias Time20 marzo 2016 15:41:08


Contraloría revisará todos los contratos de obras para los XX Juegos Nacionales

1.4002647 29 febrero 2016 18:34:24

En verdaderos ‘elefantes blancos’ se están convirtiendo algunos de los escenarios proyectados por Coldeportes, la Gobernación del Tolima y algunos de sus municipios para la ejecución de obras deportivas para los XX Juegos Nacionales que se realizaron en esta sección del país, en noviembre de 2015. Por ello, la Contraloría General de la República inició una auditoría a Coldeportes por los retrasos y deficiencias de escenarios deportivos, con el objeto de determinar si hubo o no detrimentos patrimoniales. Ejemplo de ello, dice el organismo de control fiscal, es que las obras del Parque Deportivo y de la Calle 42 se encuentran inconclusas presentando un precario avance que no supera el 30%, y actualmente están suspendidas, a pesar de que ya venció el término de los convenios suscritos entre Coldeportes y el municipio de Ibagué. A estas obras se agrega el escenario de Piscinas Olímpicas que sin terminar no se pueden utilizar y no le están prestando ningún beneficio a la comunidad, señala la CGR. El organismo de control fiscal recordó que varias disciplinas deportivas que debían cumplirse en escenarios como el Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de la calle 42, en Ibagué, fueron trasladadas a otros departamentos y complejos privados debido a los retrasos y deficiencias en las obras al momento de realizarse los XX Juegos Nacionales. “Recogiendo la inconformidad ciudadana por estos hechos, la Contraloría General de la República ha iniciado auditoría a Coldeportes Juegos Nacionales Tolima que incluye las inversiones realizadas en Ibagué y los cinco municipios designados como subsedes: Espinal, Melgar, Prado, Chaparral y Líbano”, explicó el contralor delegado para el sector social, José Antonio Soto Murgas, quien dirigirá el proceso de auditaje con un grupo de ocho expertos. La inversión realizada asciende a 140.000 millones de pesos, de los cuales Coldeportes aportó 102.000 millones y los restantes 38.000 los entes territoriales (departamento del Tolima y municipios). El mayor reclamo de los ibaguereños se ha centrado en la inversión realizada por el municipio de Ibagué, que asciende a 100 mil millones. “Vamos revisar con detalle lo sucedido y las eventuales consecuencias fiscales que puedan desprenderse”, indicó el Contralor Delegado. Así mismo, el contralor General, Edgardo Maya Villazón, ya había autorizado, el pasado viernes 19 de febrero, mediante resolución número 0252, un control excepcional solicitado por el veedor de los Juegos Nacionales, Humberto González Saavedra, para revisar el contrato 237 de 2013 de diseño de los escenarios deportivos, cuyo costo superó los 11 mil millones de pesos, financiados con recursos del municipio de Ibagué. EQUIPO AUDITOR E INFORME A LA CIUDADANÍA La CGR explicó que dada la complejidad e interés ciudadano frente a estas obras, se seleccionó un equipo de funcionarios expertos para realizar la auditoría, que integran seis profesionales interdisciplinarios: dos Ingenieros Civiles, un abogado, un economista, un ingeniero industrial y una contadora pública. La auditoría a las obras y contratos busca establecer el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía por parte de cada uno de los gestores fiscales intervinientes en los diferentes procesos. La auditoría se extenderá hasta el próximo 18 de julio y sus resultados serán presentados en un acto especial a la comunidad ibaguereña y a los interesados. Contraloría General de la República Juegos Nacionales 2015 Coldeportes

Vice Todas las noticias Time29 febrero 2016 18:34:24


Minvivienda revisa informes de la firma de Natalia Springer

1.1627492 20 noviembre 2015 04:42:18 ELESPECTADOR.COM

El 25 de octubre de 2013 Natalia Springer, representante legal de la firma Springer Von Schwarzenberg, firmó un contrato con la Fiduciaria Bogotá S. A., vocera del fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita, que le pertenece al Ministerio de Vivienda. Un mes antes, la firma Springer había sido contratada por la Fiscalía para investigar crímenes de las Farc, como reclutamiento y secuestro, en un contrato directo por $895 millones. El contrato con la Fiduciaria Bogotá S. A., sin embargo, abordaba un área completamente distinta: hacer un diagnóstico sobre “convivencia y empoderamiento de los beneficiarios de las viviendas (gratuitas), educación, salud, alimentación y control ambiental, el manejo de basuras…”. El contrato fue divulgado ayer por la revista Semana, ampliando así lo que este diario había divulgado en un artículo del pasado 13 de septiembre: que la firma de Springer había hecho un trabajo para el Ministerio de Vivienda que se consolidó en un documento llamado “Barrios con oportunidades. Lineamientos de corto y mediano plazo para la estabilización y el acompañamiento del proyecto de viviendas gratuitas”, el cual da a conocer hoy este diario. Un trabajo que, según se lee en el contrato con Fiduciaria Bogotá S. A., exigía un coordinador que fuera abogado, sociólogo o politólogo (Natalia Springer es politóloga), con doctorado y/o maestría en Derecho Internacional Humanitario (que son las normas tendientes a aminorar el impacto de las guerras, especialmente en la población civil) o Derechos Humanos (maestría que tiene Natalia Springer), y con 10 años de experiencia en proyectos para el manejo de situaciones complejas. Desde agosto pasado, El Espectador le preguntó en por lo menos dos ocasiones al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), entidad encargada de designar un supervisor para este contrato, por el trabajo con la firma Springer Von Schwarzenberg, pero ninguna respuesta se refirió al contrato de la Fiduciaria Bogotá S. A. La Dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS) confirmó que la firma Springer había trabajado en un proyecto piloto de acompañamiento social a la vivienda gratuita con base en el convenio interadministrativo No. 026 de 2013, pactado entre Fonvivienda y el DPS y facilitado por Fonvivienda, que hablaba de la necesidad de contar con un diagnóstico la oferta del Programa de Vivienda Gratuita. Se firmó el 8 de octubre de 2013, aunque la Fiduciaria Bogotá S. A. había invitado a tres entidades a participar en el proyecto desde 13 días antes, desde el 25 de septiembre. Así fue como la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, la Cámara Colombiana de la Construcción y la firma Springer resultaron en la misma convocatoria. “El tema no era si Natalia Springer sabía o no hacer vivienda, sino un acompañamiento social. Era para estudiar cómo se acoplaban las familias a su nuevo entorno, cómo se generaba el hábitat. Las personas que más nos interesaban eran las de su equipo, como Roberto Angulo, que ha trabajado en el Departamento de Prosperidad Social; en Planeación Nacional, ha sido consultor del Banco Mundial para el tema de pobreza, ayudó a montar la línea base del Sisbén”, le dijo a este diario el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Del contrato llama también la atención el plazo que dio la Fiduciaria Bogotá S. A. para proponer una estrategia para la sostenibilidad del programa de viviendas gratuitas -que sólo la firma Springer presentó-: cuatro días. “El Ministerio no participó en la convocatoria, no puedo calificarlo porque fui totalmente ajeno. Ese tema ya se mira con el ente contractual (la Fiduciaria)”, indicó el ministro. El alto funcionario señaló, además, que para el Ministerio de Vivienda el trabajo de la firma Springer ha sido útil. “El Departamento de Prosperidad Social y nosotros debemos hacer acompañamiento social, no podemos limitarnos a entregar viviendas. Los datos de ese estudio nos llevaron a tomar decisiones en la línea base: cómo intervenir una determinada comunidad identificando sus falencias; qué temas desarrollar para que esas personas no retrocedieran en la superación de la pobreza”. El ministro, sin embargo, señaló también: a raíz de la información que han divulgado los medios sobre el trabajo de la firma Springer, desde hace dos meses pidió que se revisaran todos sus productos entregados al Ministerio. “El tema mediático me generó inquietud”, afirmó. El contrato entre la Fiduciaria Bogotá S. A. y la firma Springer, para el proyecto de viviendas gratuitas, finalmente se firmó por $1.399 millones con el fin de que se realizara un plan operativo, un diagnóstico, una plataforma de evaluación y seguimiento, políticas públicas y estrategias. El mismo valor que tenía el contrato 522 del 19 de junio de 2015 entre esa empresa consultora y la Alcaldía de Valledupar, que se pactó para “brindar asesoría, acompañamiento y apoyo técnico especializado” en la creación del Laboratorio de Paz del Caribe y la Escuela Vallenata de Paz. Por el de Valledupar, la Procuraduría anunció que iniciaría una investigación preliminar en agosto pasado. Ese contrato ha sido, quizás, el que la propia Natalia Springer más ha defendido a capa y espada, al menos públicamente desde su cuenta de Twitter. En 2014 también había divulgado este diario en septiembre pasado que una ciudadana llamada Carmen Bedoya le había enviado un “derecho de petición -denuncia” a la Contraloría-, en el cual le solicitó indagar por “presuntas irregularidades en contratos celebrados entre el Ministerio de Vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda y la firma representada por la señora Natalia Springer, quien sin tener la experiencia ha celebrado contratos con estas entidades”. El 15 de diciembre de 2014, la Dirección de Vigilancia Fiscal Sector Infraestructura respondió que después de revisar las bases de datos de los contratos del Ministerio de Vivienda de 2011 a 2014, y de recibir una certificación del coordinador del grupo de contratos de esa cartera, en esos mismos años, se concluía que tales contratos no existían. Hoy se viene a entender que esa información era cierta, aunque ubicada en una delgada línea. En efecto, ni el Ministerio de Vivienda ni Fonvivienda celebraron un contrato directo con la firma Springer. Por eso el contrato no aparece en el portal de contratación del Estado ni en el Portal de Transparencia Económica, donde sí aparecen, por ejemplo, los tres contratos directos que la firma Springer ha firmado con la Fiscalía para investigar graves crímenes de las Farc, el Eln y algunas bandas criminales, por más de $4.200 millones. Pero la Fiduciaria Bogotá S. A., que actúa según disponga el Programa de Vivienda Gratuita, sí firmó un contrato con la firma Springer Von Schwarzenberg. Que se haya recurrido a esa figura de patrimonio autónomo o fiducia no quiere decir tampoco que esos recursos hayan dejado de ser públicos: el contrato con la firma Springer puede ser auditado como cualquier otro.

Vice null Time20 noviembre 2015 04:42:18


Fiscalía investigará contratos de Eduardo Montealegre con firma de Natalia Springer

1.1627492 11 noviembre 2015 13:07:13 ELESPECTADOR.COM

La Fiscalía General de la Nación anunció que se abrirá una investigación a los contratos celebrados por este mismo ente acusador con la firma de la politóloga Natalia Springer, que ascienden a más de 4 mil millones de pesos. Esto después de la denuncia presentada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías ciudadanas de Colombia, quien pidió poner lupa a dicha contratación directa hecha por el Fiscal General, Eduardo Montealegre, ante un posible detrimento patrimonial. “Atendiendo la importancia de los hechos indicados en la denuncia presentada por el señor Pablo Bustos González, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Veedores sin Fronteras, este despacho considera justificado asignar especialmente el conocimiento de la investigación que por ellos se origine a la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que lo asuma hasta su culminación, así como todos aquellos asuntos que se originen o relacionen con ella”, indica la resolución número 2705 expedida por la Fiscalía. La firma de Natalia Springer fue contratada para brindar “asesoría, acompañamiento y apoyo jurídico y técnico (…) para el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales/internacionales cometidos por el grupo armado Eln”. No obstante, sus funciones han sido fuertemente cuestionadas frente al gran monto de dinero destinado para su investigación y los resultados, hasta el momento revelados, que no arrojarían datos diferentes a los ya revelados por otros entes del estado. Y es que el 29 de octubre el Fiscal, junto a Springer, presentó uno de los avances de la polémica investigación, un resumen de 46 páginas en los que se explican los métodos aplicados y se cita, además, fuentes como el Sistema de Información Geográfica del Agustín Codazzi o Ecopetrol. Se trató del primer esbozo oficial sobre el trabajo de la firma de Natalia Springer del que quedaron muchas dudas, pues la ausencia de conclusiones de éste, más allá de un torrente de números sin análisis, las metodologías no explicadas y la valoración del impacto ambiental que han tenido los ataques a los oleoductos, dejó sin saber con claridad cuáles de esos ataques se le pueden atribuir al Eln. (Vea: El informe Springer sobre el Eln) No es la primera vez que alguien solicita que se rinda cuentas sobre dichos contratos; para septiembre de este año, desde el Congreso de la República surgió una iniciativa para hacerle rendir cuentas a la Fiscalía General de la Nación sobre el posible desbordado gasto de recursos públicos en la contratación de asesorías externas, esto después de que el Fiscal se negara a asistir al Congreso para responder por la polémica contratación y al confirmarse que constitucionalmente el legislativo no puede llamarlo a control político. Resta conocer los resultados de la investigación del ente acusador a su propio Fiscal.

Vice null Time11 noviembre 2015 13:07:13


Fiscal defiende contratos con Natalia Springer

1.1627492 16 septiembre 2015 16:06:29

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, defendió las razones por las cuales contrató por 4 mil millones de pesos a Natalia Springer. En ese sentido, el funcionario rechazó el que no se mida con el mismo rasero los contratos que se hacen con las entidades del Estado que son mucho más costosos, y vinculó este aspecto con las contrataciones que hacen las entidades del estado con los medios de comunicación. En este marco, Montealegre Lynett dijo que a la par de las críticas en su contra no se está teniendo presente la nueva manera como se está investigando en Colombia las violaciones a los derechos humanos. Esta fue precisamente una de los apoyos que -dijo- el fiscal aportó Springer. “Los tres contratos con Natalia Springer fueron para investigar las violaciones de las FARC, otro para publicaciones sobre conflicto armado; y un tercer contrato fue para averiguar la violaciones masivas de los elenos y de las bandas criminales”, dijo Montealegre en defensa de su proceder en cuanto al contrato que suscribió con esta analista, y precisó que de realizar ese trabajo con funcionarios de la Fiscalía el costo sería mucho mayor. Sobre los supuestos cuestionamientos a la manera como se estaba procediendo en los trabajos contratados con Springer, el Fiscal General señaló que él (Montealegre) terminó siendo auditor de uno de los contratos que cumplía la firma de Springer, y señaló que la razón por la que fue relevado Alejandro Ramelli de la Fiscalía y de la supervisión de ese modelo, obedeció a que Ramelli “se creyó dueño del modelo que se estaba aplicando, y en ese sentido empezó a bloquear la investigación y la posibilidad de que la propia Natalia Springer interviniera”, señaló el Fiscal General, de quien además Montealegre señaló que “él experto en levitación. Tiene un ego muy alto”. Las declaraciones fueron dadas a Caracol Radio. Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre Lynett Natalia Springer Escandalos por contratos

Vice Todas las noticias Time16 septiembre 2015 16:06:29


El silencio de la Fiscalía por contratos con Natalia Springer

1.1627492 04 agosto 2015 05:38:06 ELESPECTADOR.COM

“Me voy de la FM. Estoy despidiéndome con profunda tristeza!”. Con este mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, Natalia Springer se despidió de sus oyentes el pasado jueves 30 de julio. Sin embargo, apenas anunció su salida de la mesa de trabajo de la FM, en las redes sociales se divulgaron dos contratos que su firma consultora, Springer Von Schwarzenberg, firmó en menos de un mes: uno con la Alcaldía de Valledupar (19 de junio de 2015), por $1.400 millones, y otro con la Fiscalía (3 de julio de 2015), por $3.085 millones. El primero consiste en asesorías para estructurar la Escuela de Paz de Valledupar. Duración: tres meses. Springer respaldó el proyecto y le explicó a este diario que van a presentarse o ya se han presentado invitados nacionales e internacionales (30, dice el contrato). En la lista figuran Roy Barreras, Simón Gaviria, el jesuita Vicente Durán Casas, Leonardo Boff (asesor del papa Francisco) y el barón Serge Brammertz (fiscal del Tribunal para la Antigua Yugoslavia), entre otros. Springer dijo que el pasado fin de semana, cuando se supo del contrato, recibió “innumerables amenazas”. Agregó que el evento inaugural fue saboteado hace unos días en Valledupar y que su firma donó más de $600 millones ($607 millones, dijo ella misma en Twitter) al proyecto. El alcalde de la capital del Cesar, Fredys Socarrás, ha defendido públicamente su iniciativa. El otro contrato por el que fue criticada es para asesorar al fiscal general, Eduardo Montealegre, “en el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales/internacionales cometidos por el grupo armado Eln y por bandas criminales bacrim en el marco del conflicto armado”. Duración: 177 días. El contrato con la Fiscalía es similar al que Springer Von Schwarzenberg firmó en 2013, por $895 millones, con la diferencia de que éste último era para procesar información de crímenes cometidos por las Farc. Ese y 17 contratos más fueron divulgados por este diario en septiembre de 2014, en un artículo en el que se contaba que la Fiscalía de Montealegre había aprobado 18 contratos de manera directa para asesorías relacionadas con crímenes de lesa humanidad o el Marco Jurídico para la Paz, por poco más de $3.600 millones. La firma de Springer ha recibido tres contratos que, sumados, llegan a los $4.000 millones. Con esa suma por contratación directa –a dedo, es la expresión coloquial–, es apenas lógico que los ciudadanos se pregunten en qué se invirtió el dinero. Con el propósito de hacerle seguimiento a la publicación del año pasado, El Espectador envió hace unos meses un derecho de petición a la Fiscalía, pidiendo los soportes (documentos finales) en los cuales se había basado para pagarles a los siete asesores que tenían los contratos de mayor valor. En ese momento se indagó por el contrato de Springer Von Schwarzenberg de 2013 y por uno nuevo que se firmó en 2014, por $295 millones, para asesorar “en la elaboración de documentos para la divulgación pública” de los casos relacionados con el contrato de 2013, específicamente. Duración: 64 días. En abril, la Fiscalía respondió el derecho de petición de este diario con información de seis de los siete contratistas sobre los cuales se había hecho la solicitud. Los soportes de los contratos de la firma Springer Von Schwarzenberg eran los únicos que faltaban. En ese momento la Fiscalía argumentó que el trabajo que había entregado la firma consultora de Springer no podía divulgarse porque el supervisor del contrato era el fiscal Eduardo Montealegre, porque él tiene fuero y porque la única entidad que puede investigarlo es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El Espectador contactó en junio a Natalia Springer, quien aseguró que era la más interesada en que se conociera su trabajo. Aseguró que había pedido que se levantara la cláusula de reserva de su contrato, pero no pasó nada. Así las cosas, a principios de julio, resaltando que El Espectador no tiene facultades para abrir investigaciones, se volvió a enviar un derecho de petición pidiéndole al fiscal Montealegre que divulgara el trabajo final de los dos contratos que le había entregado a la mencionada firma entre septiembre de 2013 y octubre de 2014 por casi $1.200 millones. La respuesta, justamente, llegó la semana pasada. En esta ocasión el argumento no fue el fuero sino que los documentos elaborados por Springer Von Schwarzenberg “deben entenderse bajo reserva, en la medida en que contienen puntos de vista que adquieren relevancia dentro de los procesos deliberativos y para la correcta y efectiva administración de justicia”. Natalia Springer le reiteró a este diario que no podía referirse al contenido de su trabajo sin permiso de la Fiscalía. Señaló que su trabajo es complementario al de la Dirección de Análisis y Contexto, la unidad que creó Montealegre para hacer un trabajo parecido al de ella, que en 2012 estaba estimada en unos $100.000 millones. “Nosotros aportamos análisis cuantitativo que ayudan a soportar su trabajo, y ofrecemos apoyo en la estrategia y los aspectos metodológicos”, aseguró. Se supone que el trabajo que la firma de Springer ha realizado está relacionado con las imputaciones que se vienen contra la cúpula de las Farc: Springer confirmó que ella hizo parte del equipo que notificó a la guerrilla de ese paso judicial que viene “en calidad de asesora adscrita al despacho e investigadora”. Y agregó que su trabajo “ayuda a soportar las investigaciones de la Fiscalía contra las Farc por crímenes de guerra, de lesa humanidad y graves violaciones al DIH. La audacia de proceder por estas categorías de crímenes tiene unas implicaciones extraordinarias”.

Vice null Time04 agosto 2015 05:38:06


Edat revisará contratos que no prosperaron

1.1627492 22 julio 2015 16:12:33 El Nuevo Día - El Periódico de los Tolimenses

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Vice Todas las noticias Time22 julio 2015 16:12:33


Contraloría General revisará contrato de puente colapsado en Bogotá

1.1037155 03 febrero 2015 00:33:38

La Contraloría General de la República (CGR) anunció que adelantará una actuación de control fiscal a la selección, suscripción y ejecución del contrato entre la Jefatura de Ingenieros del Ejército y la empresa Construcciones Técnicas S.A. Constructec, para la construcción del puente peatonal que colapsó este domingo. El ente de control evaluará el cronograma de ejecución de la obra, el cumplimiento de requisitos de idoneidad por parte de la empresa contratista, las pólizas de seguros que cubren los riesgos y “todos aquellos aspectos que puedan afectar la gestión fiscal de la entidad contratante, tanto las derivadas de la afectación a terceros, como a los recursos destinados a la citada obra”. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá, el desplome del puente peatonal, que conecta los dos costados del Cantón Norte, donde se encuentra la Escuela Superior de Guerra, dejó un saldo de 42 personas heridas. Cabe recordar que la construcción del puente había sido adjudicada por un valor superior a los $3 mil millones sin que obedeciera a un proceso de licitación, además hubo varios retrasos en su entrega, ya que se estimaba fuera entregado en 2014. La Contraloría indicó que los resultados del ejercicio de control fiscal serán comunicados oportunamente a la opinión pública, y a las autoridades de control en el caso que se evidencien irregularidades. Accidentes en puentes de Colombia

Vice Todas las noticias Time03 febrero 2015 00:33:38